La nueva ley entró en vigor el 25 de mayo y es la primera de este tipo en la historia democrática española. Entre otras cosas, impone nuevas restricciones al aumento de los alquileres y a los desahucios. Para aumentar el número de viviendas privadas en alquiler, introduce beneficios fiscales para los propietarios que alquilen sus viviendas y aumentos de los impuestos locales sobre bienes inmuebles para quienes decidan dejar sus casas vacías.
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